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El compromiso de los Estados y el fortalecimiento de la sociedad civil son puntos clave de la misión, principios y objetivos de la CLADE

17 mayo, 2010

Foto: Waldo Lao Fuentes Sánchez

1. Misión

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación plural de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa y promoción del derecho a una educación pública y gratuita para todos y todas, de responsabilidad del Estado, que responda a las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas. Quiere promover una transformación con miras a la implantación de un nuevo modelo de desarrollo que responda al buen vivir, a la justicia social, a la dignidad humana y a la relación armónica con el medio ambiente en los países de América Latina y el Caribe.

2. Principios

2.1. Primer Principio: La afirmación de la responsabilidad pública del Estado y del ejercicio de derechos

La CLADE afirma la educación pública y gratuita como un derecho humano fundamental de carácter colectivo y el Estado como garante institucional de los derechos. Se quiere reivindicar el carácter público de las instituciones estatales y construir una relación gobierno – sociedad que sea democrática y autónoma. Por lo tanto demanda:

A- La responsabilidad y obligación del Estado de garantizar los derechos y, en consecuencia, la defensa del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos;

B- La necesidad de diseñar y ejecutar la política educativa como una política de Estado, con planes de largo plazo que trasciendan los períodos de gobierno;

C- La defensa de la educación como sistema público al servicio de las necesidades de la sociedad, la exigencia para mejorarla y no reducirla a una mercancía, y la oposición a la privatización de las instituciones educativas;

D- La exigencia de financiamiento estatal que garantice la realización del derecho a la educación para todos y todas, considerando su asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y la vigilancia de ésta por parte de la sociedad civil para asegurar el oportuno y eficiente uso del presupuesto.

2.2. Segundo Principio: El enfoque integral de la educación entendida como derecho humano promotor de los demás derechos, que asuma a niños, niñas, jóvenes y personas adultas como sujetos del derecho, que promueva la interculturalidad entendida como la interacción de cosmovisiones en igualdad de condiciones, la equidad de género, el nexo entre ciudadanía y democracia, una nueva relación intergeneracional, la conservación y cuidado del medio ambiente, una relación de respeto por las demás especies y por la naturaleza, la eliminación de toda forma de discriminación, la promoción de la justicia y la construcción de una cultura de paz y de resolución no violenta de los conflictos. El enfoque integral asume un trabajo intersectorial, ya que el sector de educación por sí mismo no resolverá los problemas de la educación. Así, se requiere la articulación con otros sectores del Estado como los de finanzas y economía, salud, deporte, ciencia y tecnología, justicia y protección.

 2.3. Tercer Principio: La democratización y eficiencia del sistema público educativo donde estén garantizados:

• La apertura de espacios y mecanismos para la participación sustantiva de la comunidad educativa y la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas educativas;

• El establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado, incluso por parte de los establecimientos educativos;

• La afirmación y valoración del rol de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y la dignificación de su trabajo. Esto implica que los Estados les garanticen condiciones de trabajo a la altura del desafío educativo que tienen, así como su inclusión en la toma de decisiones sobre prácticas y políticas educativas;

• El establecimiento del desarrollo profesional y carrera docente y la garantía de reconocimiento del maestro y la maestra como sujetos de derechos;

• Un mayor vínculo entre los resultados de las investigaciones académicas, las experiencias en campo y las decisiones sobre políticas educativas;

• La definición de perfiles profesionales para ocupar la responsabilidad pública en el ámbito educativo y la superación de los nombramientos por relaciones personales o cuotas partidarias;

• Y mayor vinculación entre los procesos de educación formal y los procesos de educación no formal y popular impulsados desde dinámicas comunitarias y/o de organizaciones sociales y ciudadanas.

 2.4. Cuarto Principio: La búsqueda de la calidad de los programas y procesos educativos a partir de los siguientes criterios:

• La pertinencia educativa relacionada con las dimensiones de aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, capaz de reconocer el contexto y las particularidades de cada persona, y por lo tanto, capaz de promover una variedad y flexibilidad de propuestas curriculares;

• La afirmación de los procesos de aprendizaje (y no sólo de indicadores de escolarización) para valorar el compromiso de los gobiernos con la educación;

• La visión de la educación como proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y camino para el cambio y la liberación;

• La promoción de acciones pedagógicas afirmativas para superar lógicas de discriminación por razones de edad, sexo, género, etnia y raza, discapacidad, privación de libertad, condición migrante o desplazamiento, ubicación geográfica, nacionalidad, y para la construcción de la igualdad, la interculturalidad y el respeto a la diversidad;

• La garantía de la cobertura universal, relacionada con las dimensiones de asequibilidad y accesibilidad, y la implementación de políticas para evitar la deserción escolar, asegurando la retención y el logro de aprendizajes;

• La búsqueda de mayor articulación entre la educación y la comunidad y el territorio, para que aquella esté al servicio de la población y del desarrollo humano;

• Y el desarrollo de enfoques para la práctica de la ética, los valores, el respeto entre todos y todas, la democracia, la igualdad, la honestidad, la solidaridad y el diálogo, en todo el quehacer educativo.

2.5. Quinto Principio: La apuesta por la acción plural y colectiva de los diversos sujetos de la sociedad civil en la lucha por hacer efectivo el derecho a una educación pública y gratuita para todos y todas involucrando a niños, niñas y jóvenes, personas adultas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos docentes, asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación y movimientos sociales.

3. Objetivos

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación quiere aportar a la realización de este derecho, considerando todas sus dimensiones, fortaleciendo las instancias nacionales y regionales de la sociedad civil de modo que logren impulsar cambios en las políticas educacionales. Más específicamente:

• Que se reafirme que la educación es un derecho humano, garantizando su universalización, gratuidad y obligatoriedad, sin discriminación de cualquier tipo;

• Que siendo la educación un derecho humano fundamental y bien público, sea garantizada por el Estado de Derecho, y no considerada como una mercancía;

• Que las políticas educativas de la región estén al servicio de la sociedad y reflejen una concepción ampliada de educación a lo largo de toda la vida, como lo señalan las Cumbres Mundiales de Educación de Jomtien y Dakar, confrontando el enfoque del Banco Mundial y de las Instituciones Financieras Multilaterales;

• Que los Estados de la región tengan un enfoque integral de la educación, articulando todos sus niveles y modalidades sin descuidar la variedad y flexibilidad de las propuestas curriculares;

• Que la educación de personas jóvenes y adultas, incluso los procesos de alfabetización, tenga prioridad en la agenda de los países, con un enfoque intersectorial;

• Que los Estados garanticen la realización del derecho a la educación mediante un financiamiento adecuado y protegido y que se garantice el control social del Ciclo Presupuestario desde la programación macroeconómica hasta la ejecución;

• Que la perspectiva de igualdad y no discriminación sea eje fundamental de las políticas educativas;

• Que los maestros y demás profesionales de la educación sean valorados y dignificados, con salarios, planes de carrera formación docente y condiciones de trabajo a la altura del desafío y responsabilidad que tienen;

• Que la democracia participativa se fortalezca, que se garantice mayor participación de la sociedad civil en procesos de debate y tomas de decisión dentro de los marcos legales y políticos de Educación

• Que la educación para la paz constituya un proceso de construcción colectiva para consolidar formas de convivencia y resolución no violenta de conflictos.

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